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Ciudad de México.-El diablo está en los detalles dice la conseja popular. Se ha reiterado una y otra vez que los servidores públicos, con algunas modalidades por lo que hace a los juzgadores federales, deben tener ingresos inferiores al que corresponda al Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 127 constitucional inciso II. Pero esta prescripción no tendrá lugar por generación espontánea de ninguna forma. Esta disposición puede quedarse como un buen deseo si no atiende lo previsto en el artículo quinto transitorio de esa reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto del 2009, que a la letra dice: “Quinto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán tipificar y sancionar penal y administrativamente las conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.” Se requiere, entonces, de una reforma legal en el ámbito federal y local para traducir en acto el mandato ordenado por el artículo 127 constitucional. Por fortuna el senador @RicardoMonrealA, coordinador de la fracción parlamentaria de MORENA en el Senado, ha puntualizado en días pasados que la primera prioridad será hacer la reforma legal en la materia. Es una buena noticia porque hasta hace muy poco se había hablado de muchos temas, pero no del punto de partida que resulta imprescindible. Esa ley reglamentaria del artículo 127 constitucional inciso II debe incluir en su contenido para que sea efectiva no sólo vigente; es decir, que sea realmente cumplida, desde mi punto de vista los elementos siguientes:

1.- Un órgano con atribuciones para vigilar su cumplimiento debidamente. No propongo, por supuesto, que se cree un nuevo ente burocrático que es precisamente lo que se quiere- y es necesario- reducir al máximo posible la burocracia. No me cabe la menor duda que ese organismo debe ser la Auditoría Superior de la Federación porque con ello se respetaría la división de poderes. Otra entidad, dependencia u organismo además de carecer del principio de especialidad en la materia podría crear problemas en el diseño institucional del Estado mexicano en su expresión jurídica. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública podría ser coadyuvante en el ámbito del Ejecutivo Federal, pero estaría impedida de hacer lo propio en el Poder Judicial, en el Legislativo y en los organismos autónomos constitucionales.

https://aristeguinoticias.com/2908/mexico/como-asegurar-que-bajaran-sueldos-en-el-gobierno-articulo/

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